¿Miedo o precaución?: Enrique Inzunza se ausenta del Senado mientras se cierra el cerco por acusaciones desde EE.UU.

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, decidió no asistir a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en un momento particularmente delicado para su carrera política. Su ausencia no ocurre en el vacío: coincide con una creciente presión derivada de acusaciones formuladas desde Estados Unidos que lo vinculan con delitos graves como narcotráfico y tráfico de armas.

A través de redes sociales, el legislador justificó su decisión con un argumento político, al señalar que busca evitar que su caso sea utilizado por la oposición como herramienta de confrontación pública dentro del recinto legislativo.

"Mi rectitud y veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado de la República, como acostumbran".

Refugio en Sinaloa y estrategia política

La ausencia en el Senado no es un hecho aislado. Inzunza abandonó de manera repentina sus actividades legislativas días antes y se trasladó a Badiraguato, Sinaloa, su lugar de origen. Desde ahí ha reforzado un discurso de cercanía con la población local, insistiendo en que permanece tranquilo y respaldado por su comunidad.

"Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa".

Sin embargo, su permanencia en esta región —históricamente vinculada al narcotráfico— ha generado cuestionamientos adicionales, tanto por el simbolismo del lugar como por el contexto de las acusaciones en su contra.

Acusaciones desde Estados Unidos y riesgo legal

El caso de Inzunza forma parte de una investigación más amplia del gobierno estadounidense, que incluye a una decena de funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Las imputaciones señalan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como "Los Chapitos".

De acuerdo con la acusación, el senador habría participado en reuniones con líderes criminales para coordinar acciones de protección institucional a cambio de beneficios políticos. Entre los señalamientos más graves, se le atribuye haber facilitado la colocación de funcionarios afines a la organización criminal y fungir como enlace con autoridades estatales.

Las posibles consecuencias legales son severas: de ser encontrado culpable, enfrentaría cadena perpetua con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

El fuero como escudo político

Uno de los elementos centrales en la estrategia del legislador es su negativa a solicitar licencia al cargo. A diferencia de otros funcionarios señalados, Inzunza ha optado por mantenerse en funciones, lo que le permite conservar el fuero constitucional.

Esta figura impide que sea procesado penalmente sin un procedimiento previo de desafuero aprobado por el Congreso. En ese sentido, su permanencia en el Senado no solo es política, sino también jurídica.

El propio senador ha dejado clara su postura:

"Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República".

Sanciones por inasistencia: mínimas frente a la crisis

En términos legislativos, la decisión de no acudir a la sesión tiene consecuencias limitadas. El reglamento establece sanciones administrativas como el descuento proporcional de la dieta diaria y, en casos reiterados, una posible amonestación pública.

Los legisladores cuentan con un plazo para justificar sus ausencias, siempre que presenten motivos válidos como salud o comisiones oficiales. De no hacerlo, la sanción económica se aplica automáticamente.

En este contexto, el costo político de su ausencia parece superar con creces cualquier penalización administrativa.

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Reacciones políticas: presión desde la oposición

La decisión de Inzunza ha intensificado las críticas de distintos actores políticos. Legisladores de oposición han exigido que solicite licencia y enfrente las acusaciones sin la protección del fuero.

Incluso se han lanzado señalamientos directos que lo acusan de intentar evadir la rendición de cuentas. Desde tribuna y redes sociales, se le ha emplazado a comparecer ante autoridades estadounidenses y mexicanas.

Sheinbaum marca distancia

Desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de no intervención, subrayando que la decisión de pedir licencia corresponde exclusivamente al propio legislador.

"¿Depende de él? Depende de él. Imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no. Es un asunto... el gobernador Rocha dijo, pido licencia mientras sigue la investigación, porque no quiero ni afectar al pueblo de Sinaloa, ni al movimiento al que pertenezco".

Con ello, la mandataria dejó claro que no habrá órdenes directas desde la Presidencia en este tipo de casos, en línea con su discurso de respeto a la autonomía de los poderes.

La narrativa de persecución

Inzunza, por su parte, ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha construido una narrativa en la que vincula el proceso en su contra con sus posicionamientos políticos frente a Estados Unidos.

"Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas".

Según su versión, la solicitud de extradición surgió tras denunciar presuntas violaciones a la soberanía nacional por parte de agentes estadounidenses en territorio mexicano. No obstante, hasta ahora no ha presentado pruebas públicas que respalden esa relación.

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